LA POLICÍA JUDICIAL (UNOS APUNTES)

Para empezar a explicar, desde el punto de vista jurídico, qué es la Policía Judicial, debemos conocer la razón de su existencia.

 

En el ordenamiento jurídico, el punto de partida, lo debemos situar en el ART 126 de la Constitución Española, (CE), cuyo contenido reza: "La policía judicial depende de Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca". Dicho precepto legal está incluido en el Título VI de la CE bajo el título "Del Poder Judicial". De lo expuesto hasta ahora, y desde el Principio See and wait podemos definir unos rasgos básicos: 1) Existe una dependencia de la Policía Judicial, respecto de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal, 2) Para cumplir con unas funciones concretas: la determinación del objeto y del sujeto de la acción penal, 4) La remisión a un precepto legal que desarrollará el punto 1) y el punto 2).

 

Una vez visto lo que el ART 126 CE establece en su perspectiva literal, hubo que esperar a que las normas jurídicas desarrollasen ampliamente el precepto constitucional. Podemos señalar una serie de normas, algunas ya existentes en el momento de redactarse la Constitución y modificadas en parte,  como la Ley de Enjuiciamiento Criminal; otras, empero, fueron promulgadas con posterioridad: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por último el Real Decreto 769/1987 que complementa a los anteriores cuerpos legislativos en materia de Policía Judicial.

Tras la espera, llegaron algunas respuestas a las cuestiones planteadas entorno a la interpretación del ART 126 CE.  La primera la dedico a resolver una duda estructural. La Policía Judicial ¿podemos encajar su estructura dentro del Poder Judicial? Si bien una lectura sistemática de la CE nos daría una respuesta satisfactoria, al incluir a la Policía Judicial dentro del Poder Judicial, en el desarrollo normativo posterior, no se ha contemplado tal posibilidad, siendo inscrita dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por ende, la dependencia orgánica recae en el Ministerio del Interior.  La segunda cuestión gira entorno a las funciones; pues bien, para Joan Josep QUERALT  las podemos reducir a dos grandes grupos: 1) la averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal de acuerdo con el ART 549.1 a) LOPJ. 2) la investigación de hechos concretos por orden de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal, una vez, éstas han tomado cartas en el asunto, y de auxiliares, mediante el oportuno ejercicio de la fuerza, si llegare al caso en la puesta en práctica de sus resoluciones (vid ART 549.1 b), c), d) y e) LOPJ)

Si bien la Policía Judicial puede realizar unas diligencias con anterioridad a la instrucción de un caso, deberá poner en comunicación a la Autoridad Judicial o bien el Ministerio Fiscal la existencia del delito y de las diligencias practicadas, pues quien dirige hoy en día la instrucción es el Juez. ART 284 LECRIM. En una posible reforma de la LECRIM, se habla del papel dirigente del Ministerio Fiscal en la instrucción, en el que los asuntos que tengan que ver con los derechos fundamentales y libertades públicas serán velados por un "Tribunal de Garantías".

 

Como apuntaba en otro escrito del blog, el papel de la Policía Judicial es relevante en los procedimientos rápidos de la LECRIM, juicio rápido y juicio de faltas rápido. En el primero de ellos, el papel de la Policía Judicial tiene una gran importancia pues va a decidir si el Juez de Guardia abre o no Diligencias Urgentes.

La LOPJ, atribuye la función de Policía Judicial - no existe como tal una institución al margen de la Policía General - a cualquier miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Efectivamente, cualquier Agente policial que acude al lugar donde se ha perpetrado un delito, ha de realizar las primeras diligencias de investigación. Sin embargo, los trabajos de la Policía General, deben cesar cuando entra en escena la Policía Judicial. Cuya función es "especial y exclusiva". Sin embargo, el ART 283 LECRIM, establece un concepto amplio de Policía Judicial que abarca  diferentes funcionarios del Estado. Si bien, la LOPJ, identifica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales (provincia y municipios),  ART 547 LOPJ; hoy en día, tanto la jurisprudencia como la mayoría de la doctrina científica,  atribuyen al Servicio de Vigilancia Aduanera,  Funcionarios de la Dirección General de Tráfico y Servicio de Vigilancia Aduanera; algunas de las funciones de la Policía Judicial. Son cuerpos especializados e insustituibles en la persecución de delitos concretos.

Las diligencias que puede realizar la Policía Judicial, tiene un límite bien claro. Que su actuación no vulnere o limite el ejercicio de los Derechos fundamentales. Sin embargo, a lo largo de los años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido matizando tal garantía de los ciudadanos. Así, hoy en día, por ejemplo, se permite una intromisión leve en la esfera del derecho a la intimidad por parte de la Policía. O bien, ellos pueden dar comienzo a la interceptación de una comunicación, si creen que ésta es irrepetible y de lo que se vaya a obtener, permiten obtener indicios suficientes de la participación en el delito de la persona a la que se le ha intervenido la comunicación. Sin embargo, aún podemos añadir un segundo límite, "la autorización judicial". La limitación del ejercicio de cualquier derecho fundamental, requiere una autorización judicial. Es cierto que nuestra Constitución, no establece en algunos preceptos constitucionales dicha garantía. Sin embargo, una interpretación sistemática de la Carta Magna, resolvería la cuestión en favor de los derechos fundamentales. El ART 53.1 CE establece la vinculación de los derechos y libertades reconocidas en el capítulo II  del Título I de la Constitución Española a los poderes públicos, que la han de respetar para no tener que menoscabar la dignidad de la persona ART 10.1 CE. Tal dignidad no admite grados o estadios, se ejercita plenamente si se respetan los derechos que le son inherentes, de tal manera que una intromisión en aquellos derechos fundamentales ex Policía sin autorización judicial, sólo podría producirse si ésta alega un fin constitucionalmente protegido.
En la práctica, los altos tribunales, resuelven que si "la seguridad" o "la investigación de un delito" (fines que la Constitución protege) chocan con aquellos derechos fundamentales que no requieren para su limitación de autorización judicial, se puede vulnerar el derecho de tal persona. Eso sí de forma leve y proporcionada al fin a conseguir.
Respecto  al argumento de  "la ausencia establecida por el legislador de tal garantía", podría entrar en juego el ART 10.2 CE y la inclusión en la exégesis de tales preceptos, de las normas internacionales sobre Derechos Humanos.
A lo largo de estos años, hemos visto como se diluía el papel director, ex lege, del Juez de Instrucción. Muchas de las diligencias que se practican en la Instrucción, son realizadas por la Policía Judicial, siendo el Juez de Instrucción un mero fedatario de tal actividad indagatoria. Se acusa de carga de trabajo en los Juzgados, de escasez de Instructores, de limitados conocimientos en criminología ... Lo que si que conozco con certeza, es, quela próxima reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pondrá fin a una figura que lleva más de un siglo funcionando en España.

UNIVERSAL JURISDICTION

Universal Jurisdiction authorizes States to apply their law to certain crimes. The term is refered to competence of any state which obtains custody of the ofender to proscribe and punish a crime.

When we refer to Universal Jurisdiction, we mention it under the principles or rules of International Criminal Law, where national and international public law are interacting constantly.

 

Today, International Criminal Law has an enormous importance. According to Edward M. Wise, the expansion is a result both of: a) increasing "globalization" of criminal conduct and consequently of national criminal law and b) increasing reliance on criminal sanctions to enforce norms of international law, especially norms of International Humans Rights and humanitarian law.
Also, non profit organisations have shown an increasing international crimes worldwide (for example, a spanish NPO Movimiento Contra la Intolerancia has reported on "Hate Crimes" Annual Paper 2012 an increasing of criminal conduct of hatred).Finally the rules and principles of International Criminal Court has been applied to National Courts. (See "Principales figuras de la imputación a título de autor en Derecho Penal Internacional..." by Alicia Gil Gil on Cuadernos de Política Criminal nº109/2013)

Respect of Guarantees of the Procedure, some International Treaties  like Rome Convention of 1953, can be an important tool to extend a minimum of common guarantees on each domestic law.

Acording to the principle of domestic criminal jurisdiction, a State can prosecute and punish a crime when it is prepared or realised in its national land. In Spain the law (Ley Orgánica del Poder Judicial) add exceptions to the main rule:

1. When a crime has been occured in a embassy or consulate and it's been done by diplomatic people. See: Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and Vienna Convention on Consular Relations of 1963
2. When a crime has been occured on a spanish boat or on a spanish plane. (ART 23.1 Ley Orgánica del Poder Judicial)

Both of them, Spanish Jurisdiction can act on extraterritorial crime

However the Spanish law doesn't explain the cases refered to the action or the resault when both of them haven't been produced at the same place.

 

Today the consequence of a crime just can't be studied under domestic rules whether the action or the resault hasn't been occured in the same State. But, one of most importat aspects of the International Criminal Law is that there is no "International Standards of Criminal Justice" respect of  prosecuting and castigating and whether a National Court have the power to impose specifically penal sanctions on offenders.

 

In Spain, Suprem Court has ruled that "La teoría de la ubicuidad en materia de competencia territorial se ha constituido en la doctrina dominante" whereby a crime will be commeted in all of places where action or result has been occured. STS 2930/2013.

 

But 23.2, 23.3 and 23.4 ARTS of Ley Orgánica del Poder Judicial, established crime cases although they haven't been occured in its jurisdiction, State can asume jurisdiction over extraterritorial offenses. a) Crime committed by spanish citizen (include national and non national with residence) whether the fact is punished in the State where it has been committed, b) Crimes against Spanish State interests (see point 3 of 23 ART); c) Crimes against humanity (genocide, terrorrism, piracy, coin counterfeiting, drug's traffic, kid's corruption and procuring of minors).

 

Finally, 23.5 ART of Ley Orgánica del Poder Judicial, states procedure rules for applying of spanish jurisdiction: 1) there is no sentence about criminal facts, 2) that criminal who wasn't pardoned 3) that criminal who wasn't served the sentence.

LA DENUNCIA

El sol de finales de agosto calentaba aquella tarde y el viento del norte, de intensidad suave, mantenía la temperatura ambiental entorno a los 30º. Marchaba aquél día del Actur, barrio zaragozano de la "margen izquierda", en un autobús de la línea Circular 2 que acababa de tomar en las inmediaciones del World Trade Center. Mi destino, era el Camino de las Torres.

A la altura de la Plaza Emperador Carlos, el conductor del autobús, digámosle nº 629, decidió ir por el "cebreado" puesto sobre el antiguo tercer carril, saltarse un semáforo en rojo y cruzar al primer carril (no me refiero a aquella situación en la que el semáforo te pilla en ámbar a punto de cambiarse a rojo y no frenas para evitar un mal mayor, el semáforo ya estaba rojo). Ante tales hechos, mi mente se divide en dos bloques de pensamiento, el primero dirigido por "la indignación como ciudadano" ante un hecho reprobable; el segundo bloque dirigido por mi formación jurídica que pide estudiar el riesgo que sufre la sociedad ante situaciones como éstas y que merecen un castigo, previa denuncia ante las autoridades competentes.

 

La balanza venció a favor del deber jurídico de denunciar los hechos... ¿delictivos? Saltarse un semáforo rojo, sí puede crear "ex ante" una situación de peligro relevante (para los usuarios de la vía pública y usuarios del autobús) desde el punto de vista del delito (ex 381 Código Penal), pero el resultado de la acción, por buena suerte, no ha producido ningún daño a los bienes jurídicos. Por otra parte, si el riesgo no es tan elevado, podríamos hablar de una "falta", sin embargo, no existen faltas en el CP de 1995 relacionadas con la seguridad vial.

Pero si no es un hecho delictivo, entonces es posible que el hecho constituya una infracción administrativa, una punición menor por parte de la Administración Pública en forma de "multas". El punto de partida es  el régimen sancionador de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que regula la potestad sancionadora (ART 127 y ss Ley 30/1992) de las Administraciones Públicas. Una de las finalidades de la ley es la de establecer un procedimiento general común a todas ellas. Por tal motivo, habrá que ir a la normativa específica para conocer el tipo de infracciones y de sanciones. En materia de "seguridad vial" cabe acudir al RD 339/1990, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de acuerdo con los principios y contenidos en la ley de Bases 19/1989. En cuyo articulado se pueden distinguir tres tipos  infracciones: leves, aquellas que contravengan lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (ART 65.3); graves, las conductas tipificadas en el ART 65.4; y las muy graves, las conductas descritas en el ART 65.5.

La búsqueda da un buen resultado en el ART 65.4 k) el cual señala como "grave" las conductas que consistan en "no respetar la luz roja del semáforo" y el ART 67.1 de la mencionada ley, establece la sanción de 200 € para este tipo de infracciones.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece en su ART 74.1, la obligación de los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico (Policía Local en término municipal y Guardia Civil en vías interurbanas), de denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial mientras que el procedimiento sancionador, mientras que el ARR 73.1 de dicha ley, establece que el procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente cuando tenga "noticia" de los hechos que puedan constituir infracciones [...] dicha noticia puede venir de la denuncia que los Agentes de la Autoridad, de acuerdo con el ART 74.1 o bien de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

En resumen, tras descartar un delito contra la seguridad vial, decido ir a la Comisaría de la Policía a denunciar los hechos que podrían constituir una infracción grave conforme al ART 65.4 k) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Tras la deliberación sobre si es correcto o no denunciar el hecho, y resultando favorable  la opción de noticiar el suceso, me vuelvo a situar en el papel de un ciudadano corriente, sin preparación jurídica.
La pregunta qué surge, es ¿dónde realizar la denunciar? Policía Local o Policía Nacional o Guardia Civil o Policía Autonómica. Mi memoria trajo a colación imágenes de agentes de la Policía Local denunciando a infractores de tráfico, así como noticias del periódico relacionadas con la Seguridad Vial, en la que un agente de la Policía Local quien había denunciado. - Seguro, son ellos los encargados -
Decido llamar al teléfono de información 010, servicio prestado por el Ayuntamiento de Zaragoza, y le comento a la persona receptora de mi llamada que buscaba una comisaría de la Policía Local para presentar una denuncia. Por suerte, la "operadora"  desplegó en mi distante compañía, sus amplios conocimientos en la materia jurídica, y me dijo: - en las comisarías de la Policía Local no se puede poner denuncias, es en la Nacional -. Entré en un momento de contradicción existencial, al recordar que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, otorgaba a la Autoridad encargada de la vigilancia del tráfico (Policía Local, en las vías de titularidad local) la obligación de denunciar los hechos y que cualquier persona podría poner en conocimiento la noticia de las conductas sancionables. Pero no hay que olvidar que soy ciudadano lego en leyes, ergo  la palabra de la operadora he de seguir. Por lo que le pregunto, qué comisaría es la que más cercana al centro de la ciudad. Ella me dice: - pues cuál va ser, la del Paseo María Agustín, en la misma acera que el Centro de Especialidades Ramón y Cajal -, con entonación ascendente, casi enojosa;  que daba hasta rabia aguantar al auricular hasta que acabase de hablar. Con educación me despedí de ella y me fui rumbo al Paseo María Agustín.  Al llegar al lugar mencionado, me encuentro con un edificio que pone "Jefatura Superior de Policía". Entro y le comento al joven Policía Nacional mi pretensión de denunciar, me dice que este edificio no es, y me indica qué he de dirigirme a la calle General Mayandía, que es donde tramitan las denuncias. Al salir por la puerta, me viene a la cabeza la operadora del 010 y su afán por enviar a los denunciantes a la Jefatura Superior de Policía... En fin, cruzo "físicamente" de acera y me dirijo a General Mayandía. Tras dejar a mi derecha un manto de flores que decoraban la vía, me encuentro un edificio que si bien podíamos catalogarlo de histórico, bien podría ser el escenario perfecto para un programa de Iker Jiménez sobre espíritus de  torturados en el franquismo. Del ladrillo marrón, de las ventanas pequeñas de madera desgastada por el paso del tiempo, de la forma del edificio al estilo búnker, los pasillos lóbregos dejaban entrever las conducciones de agua, electricidad... Sin embargo, la joven agente que me atendió y sus compañeros de turno, no demostraban tener el mismo espíritu que aquél cascajo de edificio. Bien sus voces transmitían seguridad y calma, bien su humor no denotaba malicia. Así, en una hora y media de espera, conocí a una serie de personas que habían ido a la comisaría por diferentes motivos, relacionados entre si por el sujeto que iba a atenderles... o sujetos mejor dicho, eran diferentes agentes de la policía que aparecían a intervalos de treinta a cuarenta minutos a buscar a una nueva persona. Interesantes fueron las historias que conocí, pero ahora no viene al caso hablar de ellas.
Al término de la hora y media de espera, una agente sin uniformar, se dirige a los que esperábamos en la sala y nos comunica que por motivos de trabajo, no podrán atendernos hasta dentro de una hora. Yo le expliqué brevemente el motivo de mi visita y ella me dijo que quizás en media hora me podrían atender, pero que no era seguro, quizás esos treinta minutos fuesen cuarenta o cincuenta. Entonces, haciendo caso a mi estómago, decidí marchar a mi hogar a cenar con mi familia. Como las dependencias policiales estaban abiertas las 24 horas, podría acudir en otro momento, incluso podría acercarme a una comisaría que me comentaron que estaba más cerca de mi casa. Aquella noche pudo más el plan propuesto por un amigo de ir a tomar unas cervezas que de cumplir con mi propio criterio. Así que me encuentro al día siguiente de camino a la comisaría más cercana a mi barrio, el sol sigue calentando y el viento, pues, refrescando el ambiente. Al llegar, pude ver, otro viejo inmueble, al que por lo menos han tenido la buena idea de modernizar sus "bajos". Allí me atiende un policía de unos treinta y algo de años, muy atento a mi problema y que me recomienda.... ¿? Que vaya a la comisaría de la Policía Local a presentar la denuncia, ya que ellos tienen la competencia sobre "seguridad vial".
Dos conclusiones saqué: 1) qué más da poner una denuncia en un cuerpo de seguridad qué en otro, si eso ya se dará traslado de un centro a otro, 2) quiero irme de luna de miel por las comisarías de Zaragoza con la operadora del 010 que me dijo qué "en la Policía Local no se ponen denuncias".

Caminar me gusta y desde que viajar en autobús urbano de Zaragoza es peligroso (no es mentira, miren cuantas noticias publicadas en la prensa que hablan de este riesgo) decidí acercarme a la comisaría de la Policía Local que se encontraba... a 50 metros de la Plaza del Emperador Carlos... ¡¡ la vida da muchas vueltas ¡¡. Allí me atendieron dos agentes, no quise molestar mucho en sus tareas, así que fui directo a contar el asunto que traía a sus instalaciones, no sin antes., acordarme de aquél profesor que tuve de Derecho Procesal Penal, cuando en estos términos se refería al Fiscal, - el Fiscal (sin dirigirse a alguno en concreto) es también persona y puede que ande ocupado viendo las novedades del Facebook y no asista a un juicio que por su leve complejidad no merezca la pena dejar la red social -. Pues sigamos, como si fuese una novela, de los dos agentes que me atendieron, el más joven, de unos cuarenta años me comentó varias cosas: 1) que ellos podrían recibir mi denuncia, 2) que mis datos personales irían anexos a la denuncia a la persona denunciada, 3) que era mi palabra contra la suya si esto iba a juicio, 4) que la prueba que podría servir para probar el ilícito, el vídeo de una cámara de control de la seguridad ciudadana, resulta que no graba, sólo emite en directo, 5) que podría existir una alta posibilidad (99%, es alta posibilidad desde mi punto de vista) de que mi denuncia no prosperara.

Necesitaba reflexionar ergo marché de la comisaría... las conclusiones de tal deliberación, las dejo para otro escrito. Le invito a reflexionar sobre el tema ¡¡  

 

 

VOLUNTADES ANTICIPADAS

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), resalta la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, entre los cuales resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas. Mientras que el ART 43 de la Constitución Española (CE) reconoce el derecho a la protección de la salud, cuyo ejercicio no se puede realizar de forma efectiva si no se reconocen aquellos derechos.

 

Por su parte la ley 14/1986 General de Sanidad, mantiene el máximo respeto a la dignidad de la persona ya  la libertad individual, de un lado, y, de otro, declara que la organización sanitaria debe permitir garantizar la salud como derecho inalienable de la población mediante la estructura del Sistema Nacional de Salud, que debe asegurarse en condiciones de escrupuloso respeto a la intimidad personal y a la libertad individual del usuario, garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios que se prestan y sin ningún tipo de determinación.

 

Las voluntades anticipadas o instrucciones previas, es un documento por el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente. No necesariamente se refiere al final de la vida de la persona o del paciente, puede ser por periodos de incapacidad temporal que no nos permita tomar una decisión sobre nuestra salud, pues los derechos del paciente o usuario de los servicios sanitarios anteriormente mencionados, no se limitan a un momento dado de su vida, si no que son un "continuum" hasta el final de sus días. Pero así mismo, el testamento vital tiene eficacia también mortis causa, debido a que estamos ante un instrumento que también da instrucciones sobre la voluntad del paciente una vez ha fallecido, respecto a la donación de sus órganos o bien el destino de su cuerpo.

No estamos ante un negocio jurídico mortis causa, por ende no regula la sucesión del causante, ni complementa a ningún instrumento sucesorio.

La Ley 41/2002 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, introdujo dicha figura en nuestro ordenamiento jurídico, en su ART 11, hace una breve introducción a las instrucciones previas y deja a las Comunidades Autónomas, la potestad de regular los procedimientos y registros correspondientes para que la figura sea eficaz y pueda ser utilizada por cualquier usuario de la sanidad.

Las voluntades anticipadas, han de ser respetadas y cumplimentadas siempre que no contradigan las leyes o la buena práctica médica. Estamos ante un límite material del contenido de las voluntades anticipadas que por lo general se plasmarán en un documento estándar, con criterios generales prefijados, pero ampliables siempre que no se crucen los límites indicados: el ordenamiento jurídico y la buena práctica médica.
Las voluntades anticipadas son esencialmente revocables, una persona puede a lo largo de su vida, modificar el contenido de las mismas.

La ley permite designar a un representante que, en situaciones de incapacidad, actúe como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas ART 11.1 "in fine" Ley 41/2002.

Sin embargo, una vez llegados hasta aquí, cabe preguntarse si las voluntades anticipadas pueden remediar que en un momento dado de la vida del paciente, éste no pueda ejercer sus derechos de información, consentimiento informado e intimidad de la información relativa a la salud de las personas. Vamos por partes, el punto de partida lo sitúo en la tan recurrente jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que "los derechos fundamentales no existen ni desaparecen en función de que los ciudadanos titulares de los mismos los invoquen". De los derechos mencionados, el de la intimidad de la información relativa a la salud de las personas, tiene su justificación constitucional en el ART 18. 1 CE dentro de la intimidad personal. El derecho de información  no podemos encuadrarlo en el ART 20 CE porque una interpretación sistemática de dicho precepto,  permite llegar a la conclusión de que la "información es una libertad que comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo" STS 4232/2012 Nos moveríamos en el terreno de la comunicación y nosotros hablamos de salud. Por ende, habrá que situar tal derecho a la información bajo la protección del ART 43 CE "protección a la salud", un derecho que en ausencia del mismo,  no es posible hablar de libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de la persona, estos sí, derechos fundamentales ART 10.1 CE. Por último, el derecho al consentimiento informado, es imposible de ejercer en situaciones que no permiten al paciente comprender y expresar su voluntad. La ley 41/2002, pretende dar una solución al problema, y por eso, establece la figura del "representante" (vid. supra). Quien tras recibir la información ha de consentir en el mismo sentido que lo haría su representado.

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LAS PENSIONES DE VIUDEDAD

En Sentencia de 14-02-13, el Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social 33 de Barcelona por vulneración del ART 14 de la Constitución Española (CE). La contradicción tiene su origen en la letra c) de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 40/2007 sobre medidas en materia de la Seguridad Social, en relación con la pensión de viudedad y que reza lo siguiente: "En supuestos especiales, con carácter excepcional, se reconocerá el derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, concurran entre otras, las circunstancias de que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes". Dos apreciaciones previas, cuando se refiere al carácter excepcional de los supuestos, se refiere respecto de la regla general que opera sólo a partir de la entrada en vigor de la Ley 40/2007; la cual se produjo el 01-01-2008.

 

El TC, ha de resolver si la DA 3ª de la Ley 40/2007 vulnera el Principio de Igualdad recogido en el ART 14 CE. Comienza el Alto MetaTribunal, recordando su doctrina consolidada respecto del Principio de Igualdad en relación con las uniones no matrimoniales o convivencia more uxorio, que resumen en que "el legislador puede establecer diferencias entre la unión matrimonial y la puramente fáctica". Su justificación jurídica la encontramos en el ATC 204/03 fj3 en lo siguientes términos "la convivencia more uxorio ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento" (a diferencia de las unión matrimonial, instituto garantizado en el ART 32 CE). De ahí se puede inferir que el legislador está legitimado para establecer diferencias en las consecuencias que se derivan de la opción por uno u otro régimen STC 66/94 fj2, por ejemplo en materia de pensiones, que en STC 184/90.

En ningún caso, el legislador puede impedir o reprimir la convivencia more uxorio o de imponer el establecimiento del vínculo matrimonial, ya que sería contrario a la igualdad y por ende al libre desarrollo de la personalidad (ART 10.1 CE en relación ART 14 CE). En la Ley 40/2007, el legislador pretende extender los beneficios de la pensión de viudedad a las parejas de hecho estables (tanto heterosexuales como homosexuales), pero sin llegar a la plena equiparación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad entre los matrimonios y las parejas de hecho. STC 41/2013

 

La pensión de viudedad en su configuración actual (que tiene su origen en la reforma introducida por la Ley 24/1972, de 21 de junio)  en el caso de matrimonio (art. 174.1 LGSS) no tiene por estricta finalidad atender a una situación de necesidad o de dependencia económica, sino más bien compensar frente a un daño, cual es la falta o minoración de unos ingresos de los que participaba el cónyuge supérstite, y, en general, afrontar las repercusiones económicas causadas por la actualización de una contingencia (la muerte de uno de los cónyuges), no es menos cierto que ello no impide que el legislador pueda configurarla legítimamente en el futuro de distinto modo, condicionando su reconocimiento o su cuantía (o su compatibilidad con otras rentas del trabajo o pensiones del beneficiario) a la existencia de un estado real de necesidad del supérstite o de dependencia económica del causante, así como, en su caso, a la existencia de cargas familiares.

 

Veamos brevemente los requisitos necesarios para reconocer a los supérstites de pareja de hecho estable (no es la expresión acertada, como veremos enseguida) la pensión de viudedad en supuestos especiales:

• Los requisitos generales de alta y cotización (como en el caso de los matrimonios),
• Que acrediten una convivencia estable y notoria con el causante con carácter inmediato al fallecimiento de éste y con una duración ininterrumpida de al menos cinco años,
• Así como la constitución formal de la pareja de hecho, mediante la inscripción en alguno de los registros específicos que hubieran sido creados al efecto o mediante la formalización de la unión en documento público (inscripción o formalización que deberán haberse producido como mínimo con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento del causante), se desprende que tanto el legislador como el TC se refieren solamente a convivientes que hayan formalizado su unión en documento público, por ende se excluye, a priori a las parejas de hecho. Surge entonces una cuestión entorno a si las parejas de hecho que cumplen con los demás requisitos y sólo carecen del requisito formal de la inscripción podrían verse perjudicadas por la decisión. A mi entender, la falta de un requisito formal no tendría que ser óbice al disfrute del derecho, pues se condiciona la igualdad efectiva al formalismo de un mero documento. Y como señala el TC en cantidad de sentencias, los derechos son inherentes a la persona sin necesidad de que se invoquen o sea necesario cumplir requisitos extra para su ejercicio.
• A lo que se añade el requisito de la situación de dependencia económica del conviviente supérstite, en un porcentaje variable en función de sus ingresos y de la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad [art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)].

El TC recuerda que el legislador, respecto a la determinación de las situaciones de necesidad que han de ser atendidas, tiene un amplio margen de apreciación a la hora de regular y modificar las prestaciones para adaptarlas a las necesidades del momento, teniendo en cuenta el contexto general en que aquellas situaciones se producen, las circunstancias socioeconómicas, la disponibilidad de medios de financiación y las necesidades de los diversos grupos sociales, así como la importancia relativa de las mismas STC 197/2003 FJ 3.

 

La DA 3ª de la Ley 40/2007 permite acceder a la pensión de viudedad, de forma excepcional, a los supérstites de parejas de hecho estables en las que el fallecimiento del causante hubiere tenido lugar antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos el de haber tenido hijos en común, que es el requisito cuestionado y que excluye de la pensión de viudedad a los supérstites de parejas de hecho en las que el fallecimiento del causante se hubiese producido antes del 1 de enero de 2008 y que no hubiesen tenido comunes, aunque cumplan el resto de requisitos establecidos por la referida disposición adicional para acceder a la pensión.

 

Para el Juzgado promotor de la cuestión, la exigencia de haber tenido hijos comunes, establecida por la letra c) de la DA 3ª de la Ley 40/2007 para tener derecho a pensión de viudedad en caso de parejas de hecho en las que el fallecimiento del causante se produjo antes de la entrada en vigor de dicha Ley (1 de enero de 2008), constituye un requisito de muy difícil o imposible cumplimiento para las parejas de hecho del mismo sexo y, por ello, comporta un trato desfavorable por causa de la orientación sexual, prohibido por el art. 14 CE, ya se entienda como discriminación directa o, más bien, como discriminación indirecta, por cuanto, aunque se trate de un requisito aparentemente «neutral», excluye de la pensión a las parejas de hecho del mismo sexo, dada la imposibilidad biológica para estas uniones de tener hijos comunes y la imposibilidad legal de adoptar en común hasta fechas recientes, como sucede en el caso enjuiciado en el proceso a quo, en el que la defunción del causante se produjo antes de la entrada en vigor de la Ley catalana 3/2005, de 8 de abril, por la que se autorizó la adopción en común a las parejas de hecho del mismo sexo. Lo mismo podría extenderse a las demás normas de adopción autonómicas que no estuvieran en vigor en el momento de la defunción del causante.

 

El precepto cuestionado sólo exige que el "causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes", cumplidas la restantes circunstancias que señala el legislador, se puede acceder a la pensión de viudedad excepcional tanto si tienen hijos comunes de la pareja de hecho a cargo del sobreviviente, como si los hijos comunes de la pareja no sobreviven al causante o no se encuentran ya a cargo del supérstite por ser mayores de edad. Lo relevante para el legislador no es que sobrevivan hijos comunes de la pareja de hecho, sino, exclusivamente, que la pareja de hecho haya tenido descendencia común. Si partimos que para que se legitime una desigualdad, es necesario que el legislador la justifique de manera objetiva y razonable, sin embargo, nada dice la exposición de motivos de la Ley 40/2007 acerca de las razones que han llevado al legislador a establecer la exigencia de que la pareja de hecho hubiese tenido hijos en común como requisito sine qua non para poder causar derecho a la especial pensión de viudedad prevista en la disposición adicional tercera de dicha Ley.

 

A partir de aquí surgen dos vías, respecto al apartado c) de la DA 3ª:

• que el requisito legal cuestionado no puede ser entendido como un indicador inequívoco de la existencia efectiva de la relación de convivencia more uxorio que se pretende proteger, pues ni la circunstancia de haber tenido hijos en común acredita una mayor estabilidad o solidez de la unión de hecho, ni dicha circunstancia constituye el único medio de prueba posible sobre la estabilidad de la pareja, debiendo repararse en que la propia disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, en su letra b), ya establece como requisito autónomo para acceder a la pensión, al margen de la descendencia, que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida como pareja de hecho con el causante durante, al menos, los seis años anteriores al fallecimiento de éste, en los términos establecidos en el primer inciso, párrafo cuarto, del art. 174.3 LGSS.
• la versión capitaneada por el imparcial FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL que en su voto particular dice que: "el requisito cuestionado desplegaba una segunda virtualidad y era la de constituir un indicio probatorio concluyente de la existencia de la pareja de hecho, entendida en los términos legales como la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal [letra b) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 por remisión al primer inciso del párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS]. Para los supuestos en los que el hecho causante es posterior a la Ley 40/2007, el art. 174 LGSS en los incisos segundo y tercero de su párrafo cuarto, exige, como regla común, que la existencia de la pareja de hecho se acredite mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, que en todo caso deberá haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto de la fecha de fallecimiento del causante. En los supuestos en los que el hecho causante es anterior a la Ley 40/2007, el carácter retroactivo de la pensión de viudedad llevó al legislador a no exigir estas formalidades para acreditar la existencia de la pareja de hecho, estableciendo en su lugar la exigencia de haber tenido hijos en común, requisito que actuaba como concluyente indicador de la veraz existencia de dicha unión y que servía para conjurar el riesgo de que se produjeran reclamaciones abusivas o fraudulentas y se acabara reconociendo la pensión de viudedad a quienes, pese a acreditar el periodo de convivencia exigido por la norma, no hubieran mantenido realmente con el causante la relación de afectividad análoga a la conyugal que la Ley requiere para ser beneficiario de la prestación. Preocupado el actual Presidente del TC en los posibles abusos o fraudes en las reclamaciones, que no es la función de un Juez, a pesar de que el mantiene que no forma parte del Poder Judicial, sino de los órganos inspectores de la Administración de la Seguridad Social. También preocupado está el señor Pérez de los Cobos sobre los limitados recursos de la Seguridad Social y por ello afirma el carácter selectivo de la letra c) de la DA 3ª, apoyándose en las cargas que suponen los hijos al conviviente supérstite. Sin embargo, el destino y contenido del gasto público, corresponde al poder ejecutivo, es política social y los jueces del TC no tienen encomendada la política social. Además utiliza el "principio de eficiencia" del gasto público del ART 31.2 CE para justificar la necesidad de la letra c) de la DA 3ª, pues bien, ni el principio de eficiencia es un valor superior del ordenamiento jurídico, ni puede ser límite al ejercicio de los derechos fundamentales, sobretodo porque de la dicción literal del precepto se desprende que la eficiencia se dirige a la ejecución del gasto público no a la idoneidad de la política. Insiste, de nuevo "que declarado inconstitucional y nulo el requisito de que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes, se priva al precepto del único instrumento del que éste se servía para constatar la existencia de una relación de afectividad análoga a la conyugal"... De aquí se olvida el señor Pérez de los Cobos que la filiación no es un rasgo que determina la existencia de la convivencia no marital (vid supra). Estamos ante otra forma de familia que responde a la realidad social del momento STC 222/1992. Por último, se preocupa porque la excepción, tras la sentencia del TC, resulta más beneficiosa que la regla general y por eso menoscaba su lógica. Tampoco estoy de acuerdo, el Tribunal Constitucional ha de filtrar las demandas que se le presenta de acuerdo a lo establecido en la CE, independientemente de la forma en que se presente en la norma cuestionada. La tutela de los derechos constitucionales, de acuerdo con el ART 53.2 CE no puede limitarse por la excepcionalidad con la que el legislador ha presentado el precepto causante de la demanda.

Veamos como resuelve en la  S43/2013, la cuestión, el TC dice que

•  el precepto cuestionado exige únicamente que «el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes», lo que significa que –cumplidos los restantes requisitos que señala el legislador– se puede acceder a la pensión de viudedad excepcional regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 tanto si existen hijos comunes de la pareja de hecho a cargo del supérstite, como si los hijos comunes de la pareja no sobreviven al causante o no se encuentran ya a cargo del supérstite por ser mayores de edad. En definitiva, cumplida la exigencia de que la pareja de hecho hubiese tenido hijos en común, resulta indiferente para el acceso a la pensión regulada por la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 que esos hijos sean menores o mayores de edad, su convivencia o no con sus progenitores, su dependencia económica del supérstite, o incluso si sobreviven al causante o han fallecido. Lo relevante para el legislador, es que la pareja de hecho haya tenido descendencia en común.

 

• La diferencia de trato que establece el requisito legal cuestionado se revela así carente de una justificación objetiva y razonable, porque no responde a la finalidad de la pensión (contributiva) de viudedad configurada por la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 (referida a hechos causantes acaecidos antes de su entrada en vigor, de ahí su carácter excepcional) que no es propiamente la de atender a una real situación de necesidad o de dependencia económica, asegurando un mínimo de rentas, sino más bien resarcir frente al daño que se produce al actualizarse la contingencia (la muerte del causante), por la falta o minoración de ingresos de los que participaba el supérstite, otorgando a tal efecto una pensión que depende en su cuantía de las cotizaciones efectuadas por el causante al régimen de Seguridad Social correspondiente.

 

• El requisito de haber tenido hijos en común, además resulta ser de imposible cumplimiento, por razones biológicas, tanto para las parejas de hecho formadas por personas del mismo sexo como para las parejas de hecho de distinto sexo que no pudieron tener hijos por causa de infertilidad, a lo que ha de añadirse que la posibilidad de adopción de niños por las parejas de hecho ha estado vetada en nuestro ordenamiento jurídico hasta fechas relativamente recientes, lo que significa que el requisito cuestionado tampoco podía ser cumplido por vía de adopción en el caso de aquellas parejas de hecho en las que el fallecimiento de uno de sus miembros se produjo antes de la entrada en vigor de la normativa legal autonómica aplicable en cada caso que permite la adopción conjunta a las parejas de hecho, del mismo o de distinto sexo.

 

Lo expuesto permite concluir al TC que el requisito contenido en la letra c) de la DA 3ª de la Ley 40/2007constituye una directa vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. 14 CE:

• pues la diferencia de trato que se establece por la norma cuestionada entre parejas de hecho, en razón a que hubieran tenido o no hijos no obedece, a ninguna razón objetivamente justificada, relacionada con la propia esencia, fundamento o finalidad de la pensión de viudedad especial regulada en la referida disposición adicional de la Ley 40/2007 (aplicable sólo a hechos causantes acaecidos antes de su entrada en vigor),
• y porque conduce además a un resultado desproporcionado, al impedir injustificadamente a determinados supérstites de parejas de hecho el acceso a la protección dispensada mediante dicha pensión, por ser de imposible cumplimiento (por razones biológicas o jurídicas) la exigencia de haber tenido hijos comunes.

Ello conduce a declarar por este motivo la inconstitucionalidad y nulidad de la letra c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007.

 

HABEAS CORPUS, parte 2

En el escrito anterior, hablé de forma sucinta de la "libertad" como derecho y principio constitucionales. Hice referencia también a la detención, una medida cautelar (para asegurar el procedimiento penal y la efectividad de la sentencia) que se ha de practicar con todas las garantías previstas en las leyes. En caso contrario podríamos estar ante una detención ilegal. Contra cualquier detención ilegal no judicial, entra el escena el "Habeas Corpus".

Digo detención ilegal no judicial, porque contra los autos del Juez decretando la detención de una persona, sólo caben los recursos ordinarios procesales y el recurso de amparo por violación del derecho a la libertad, recogido en el ART 17 CE.

 

El procedimiento de Habeas Corpus no viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), sino en la Ley Orgánica del Habeas Corpus, por lo que la primera conclusión que podemos sacar es que el proceso no se dirige exclusivamente a las detenciones ilegales que se producen dentro de los procedimientos penales o en previsión de ellos. Efectivamente, el Habeas Corpus es un proceso universal que se puede plantear en todos los supuestos en los que se produce una privación de libertad no acordada por el juez, tanto en el marco de un proceso penal, como fuera de él.

 

El Habeas Corpus es un instituto propio del Derecho anglosajón para asegurar la libertad frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público. Conocemos de su existencia por los "writs" del proceso civil que se aplican, a partir del s. XIII, y que hacían referencia literal a la orden de traer físicamente a alguien ante un Tribunal. Es decir que la finalidad era la de asegurar la presencia física de esa persona ante el Tribunal, ya que en el Due Process of Law, dicho Tribunal rechazaba resolver un asunto sin hallarse presente el acusado. 

 

Otras referencias históricas sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales, pero esta vez en España, fueron las incluidas en el Fuero de Vizcaya. Sin olvidar, la importancia que ha tenido el Derecho de Manifestación, institución del antiguo Reino de Aragón bajo la jurisdicción del Justicia Mayor de Aragón que emitía una orden o mandato dirigido a cualquier otro juez, autoridad no judicial o persona que tuviese en su poder a otra detenida o presa, para que se la entregasen (la pusieran de manifiesto ante el Justicia), a fin de que no se le hiciese violencia (tortura) durante el procedimiento contra la misma seguido. Para conocer el funcionamiento y la importancia de esta institución recomiendo el libro "Habeas Corpus y tortura oficializada" de FAIRÉN GUILLÉN, VÍCTOR.

 

De vuelta a nuestros días, el apartado cuarto del ART 17 CE establece un mandato al legislador para que por ley regule el procedimiento de Habeas Corpus. La norma que viste el Habeas Corpus  es la Ley Orgánica 6/1984 Reguladora del procedimiento de "Habeas Corpus".

 

El procedimiento de Habeas Corpus pretende establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales.

Estamos ante proceso rápido y sencillo, accesible a todo ciudadano que ha de exigir la tutela judicial efectiva sobre los asuntos que plantea o se ve inmerso. El procedimiento de Habeas Corpus, se rige por tres principios básicos:

1. Agilidad, es un procedimiento judicial sumario y extremadamente rápido, ha de efectuarse en un plazo de 24 horas respecto del hecho de la detención.
2. Sencillez, procedimiento oral, sin necesidad de asistir con abogado y procurador.
3. Universal, frente a cualquier detención ilegal.

Por último nos centraremos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Habeas Corpus, del que podemos decir que: no tiene naturaleza de contencioso-administrativo sobre la regularidad del acto o vía de hecho que origina la privación de libertad, ni tampoco es un proceso penal (no viene incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal) sobre la eventual comisión de un delito de detención ilegal, es sólo una respuesta judicial frente a la privación de libertad. STC 208/2000,  de cognición limitada STC 98/1986 que juzga solamente sobre la legitimidad de la situación de la privación de libertad, pero sin otras consecuencias que la terminación o modificación de la misma STC 174/1999 siendo el fin último "la puesta en presencia del Juez de la persona privada de libertad que denunciaba la ilegalidad de la misma" STC 174/1999.

HABEAS CORPUS, parte 1

La libertad constituye uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico ART 1 Constitución Española (CE). Los Poderes Públicos promoverán las condiciones para que la libertad sea real y efectiva, mandato del ART 9.2 CE. Es además un derecho fundamental de cada persona, entendido como libertad personal y garantizada por la CE frente a la acción de los poderes públicos, los cuales no puede ni suprimir ni limitar su ejercicio ni tampoco desvirtuar su contenido esencial. Sin embargo, éste aun puede desarrollar el contenido del derecho, aunque con una limitación "extra" respecto de otros institutos, y es que al ser valor supremo del ordenamiento jurídico, nuestra Constitución en su ART 17, ya ha desarrollado el contenido de dicho derecho y defiere al legislador ordinario una función subsidiaria.

 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Este es el comienzo del apartado 1 del ART 17 CE, la libertad como bien superior del ordenamiento jurídico acompañada del derecho a la seguridad. De lo dicho hasta el momento, cale decir que la seguridad no se sitúa  por encima del derecho a la libertad, así tampoco lo quiso el legislador constituyente al redactar el ART 17 CE. De tal manera que toda medida que limite la libertad ambulatoria en pro de la seguridad, ha de ser entendida de forma excepcional. Sin olvidar, la libertad como principio, que es objetivo fundamental del constitucionalismo moderno, que constituye, al mismo tiempo, su raíz última, el reconocimiento y la protección de la vida y de la libertad de los ciudadanos (preámbulo de la Ley Orgánica del Habeas Corpus). 

Sin embargo, pronto, el tan deseado equilibrio empezó a "matizarse" , entró en escena el debate libertad-seguridad y su instrumento estrella "las medidas cautelares del proceso penal", una de ellas, la "prisión provisional" supone una limitación de la libertad de un individuo con el fin de garantizar el proceso y la sentencia condenatoria que en su día se dicte. Empieza a hablarse de binomios de contrarios, libertad-seguridad, con una inclinación hacia uno u otro lado del péndulo, favoreciéndose, ya las garantías de toda persona a esperar el proceso en libertad o, por el contrario, las políticas de seguridad que demanda la sociedad para conseguir un peligroso uso del control social. BARONA VILAR "¿Una nueva concepción?".

Entiendo, que la medida cautelar, al limitar el derecho a la libertad ex ante de la sentencia, ha de situarse como un medio excepcional (nunca como una anticipación de la sentencia), cuando otros medios para asegurar el procedimiento penal y el cumplimiento de la sentencia no lleguen a ser efectivos. 

 

Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia con lo establecido en el ART 17 CE y en los casos y en las formas previstas en la ley. Como norma general, nadie puede ser privado de su libertad, sin embargo es posible la privación de la libertad ambulatoria o detención de una persona durante un corto periodo de tiempo, siempre y cuando operen los supuestos y las formas previstas en la ley. La detención puede realizarse por particular, es una facultad optativa que opera en los supuestos de delitos flagrantes o por razón de fuga o rebeldía de un imputado o reo. En cualquier caso, el particular deberá disponer al detenido de forma inmediata  ante la policía, el Ministerio Fiscal o Autoridad Judicial. También puede producirse la detención de una persona por la Policía, que es una obligación en los supuestos de fuga o rebeldía, o bien cuando la policía nos imputa un delito, en cuyo caso tienen un plazo máximo de 72 horas para realizar labores de investigación. Sin embargo, y en cualquier caso, antes de las 24 horas la Policía ha de informar al Juez de Instrucción de la detención y justificar los motivos que han llevado a la misma. En caso de mantenerse la privación de libertad de forma indebida  o bien que ésta se produzca fuera de los supuestos contemplados en la Ley, estaríamos ante una detención ilegal. En estos supuestos, el ART 17.4 CE establece el procedimiento de "Habeas Corpus" cuya finalidad es la puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.