Cuando se aprobó el Código
Civil, la producción a gran escala de productos todavía no se había
desarrollado, de tal manera que podemos encontrar entre las normas del Código
Civil (CC) y también del Código del Comercio (C. Com) determinadas figuras
jurídicas anacrónicas, más propias del s. XIX, poco prácticas de utilizar hoy
en día. Con el paso del tiempo, las normas se han ido adaptando a las nuevas
realidades negociales, sin embargo muchas de las instituciones clásicas sobre
obligaciones y contratos, aún se mantienen tanto en el Código Civil como en el
Código del Comercio.
Las consecuencias de las
anomalías cualitativas presentes en el bien adquirido se pueden examinar desde
la perspectiva del Código Civil, con la figura de las acciones edilicias,
comentadas en otros textos. A estas podemos añadir los remedios de
que dispone el comprador frente al vendedor, contemplados en la normativa sobre
consumidores, y por el cual, el vendedor se obliga a asumir las consecuencias
de la falta de condiciones esperables[1].
Estaríamos ante una forma de “saneamiento” que poco tiene que ver con el
remedio causal propio de la onerosidad y que se aplica sobre un cumplimiento
referido al “aliud” en sentido estricto[2].
En este sentido, la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo
(LGVBC) y el RD 1/2007 Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los
Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) sientan las bases para vincular el
saneamiento con el incumplimiento del contrato[3].
Por último, tenemos el mecanismo de la responsabilidad extracontractual, para
aquellos supuestos en los que el objeto litigioso no nace del contrato.
Aun con todo, tanto las
acciones edilicias del Código Civil como la del TRLGDCU, tienden a asegurar, no
la entrega de la cosa, sino la satisfacción “normal” que de ese producto pueda
derivarse[4].
Es importante mencionar,
el papel protector que las normas de consumo tienen sobre la parte más débil de
la contratación; así por ejemplo, no encontramos con medidas de salvaguarda
ante situaciones desventajosas para el consumidor. En concreto el uso de cláusulas
abusivas que el vendedor de bienes o del prestador de servicios utilizan,
aquéllas que según la cláusula novena de la DA 1 LGDCU, serían, entre otras, las cláusulas que modifiquen, en perjuicio
del consumidor, las normas legales sobre vicios ocultos.
Para la mayoría de la
doctrina, la expansión de la conformidad se ha producido en el marco del
derecho del consumo y, por lo tanto, en el contexto natural del mercado y de
las relaciones onerosas[5],
aunque también es posible hablar de conformidad en las operaciones a título
gratuito, ya que si el régimen de la conformidad prescinde de la tipicidad
causal, poco importará que el contrato sea gratuito si el prestador del
servicio o del deudor del bien deben un cumplimiento conforme[6]. A pesar de ello, no implicaría,
necesariamente que se dieran las mismas soluciones a las operaciones a título
gratuito, ya que el interés lesionado del acreedor tampoco es exactamente el
mismo que en las prestaciones onerosas; por ello, lo conveniente sería
reconducir la situación a la autonomía de la voluntad, siempre que la parte que
se desprende de la cosa, se comprometiera: o bien a reparar la cosa, o bien, a
sustituirla.
En la Ley 23/2003 el
concepto de conformidad, es entendido como la necesidad de correspondencia o
adecuación entre lo estipulado por las partes en el contrato y las prestaciones
efectivamente llevadas a cabo por cada uno de ellos[7]
y se vincula con la obligación de entrega. Esta entrega ha de cumplir
puntualmente lo pactado, así como reunir las condiciones que ordinariamente le
son propias[8].
La conformidad permite
resumir en un solo término lo que tiene un tratamiento diferenciado en nuestro
ordenamiento; en concreto, la regulación de los vicios, diferencias de calidad,
aliud pro alio, deproporciones de cantidad (excesos o defectos), falta de
entrega… e incluso determinadas hipótesis de deterioro o pérdida de la cosa, al
tener todos ellos en común la ausencia de adecuación entre los entregado y lo
descrito contractualmente en el momento de la celebración del contrato.
El ART 115 TRLGDCU, al
definir la falta de conformidad no distingue entre vicios de la cosa, la falta
de calidad esencial y defecto de la calidad prometida, en sintonía con el
legislador europeo al simplificar la disciplina de las garantías en el contrato
con consumidores.
Los presupuestos de la
conformidad se apoyan en un requisito diverso al de la evaluación de la
integridad del bien, que es la base del sistema de garantías por vicios y
calidades previstos en el Código Civil, que sólo atiende a defectos
relacionados con la sustancia material de la cosa, afectando por tanto, a las características: físicas, económicas y
jurídicas del bien vendido.
Para apreciar la falta de
conformidad hay que atender al momento de la entrega del bien, a diferencia de
lo que sucede en el resto del ordenamiento jurídico, que distingue entre la
entrega y su puesta en disposición[9].
El concepto de conformidad parte del presupuesto de que dicha falta es
originaria; esto es, de que aunque no se percibiese, existía en el momento de
la compra del bien. El incumplimiento, entonces, se presenta como la falta de conformidad, que
puede reconducirse a dos situaciones: cuando en el momento de la celebración
del contrato el consumidor tenga conocimiento del defecto o no pueda
fundamentalmente ignorarlo o cuando la falta de conformidad tenga su origen en
materiales suministrados por aquél. Estos supuestos se tendrán en cuenta
respeto a la identificación del objeto del contrato, la funcionalidad del
objeto o bien la rentabilidad o eficacia del mismo.
[1] LLACER MATACAS, MARIA ROSA (Op. Citada)
[3] Ambas normas, no reconducen claramente el saneamiento con el incumplimiento
del contrato, porque no abordan sistemáticamente el cumplimiento contractual y
se limitan a presentar la garangía como una fuente de responsabilidad
contractual LLACER MATACAS, MARIA ROSA (Op. Citada)
[4] Se trataría de proteger más que la posesión de las cosas, la posibilidad de
disfrutar lo que se posee TORRELLES TORREA, ESTHER (OP. Citada)
[8] LLACER MATACAS, MARIA ROSA “La
responsabilidad del vendedor de cosa defectuosa: la transposición de la
Directiva 44/1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de
bienes de consumo”.
[9] VÉRGEZ
